Licitaciones y recursos en contratación pública, actividades reguladas, expedientes sancionadores y reintegro de subvenciones.
En Madrid el conflicto administrativo suele tener otra escala y otro interlocutor. Aparece en licitaciones de volumen relevante, en autorizaciones de actividades reguladas, en requerimientos de organismos con competencia sobre todo el territorio y en subvenciones cuyo reintegro se exige años después de haberse concedido. La contraparte es una organización con criterios propios y con capacidad de sostener un procedimiento largo.
Eso condiciona la estrategia. Conviene decidir pronto si el asunto se defiende en vía administrativa, si procede acudir a un recurso especial cuando la materia lo admite o si interesa ir directamente a la vía judicial, y conviene tener claro desde el principio qué documentación sostiene la posición. Improvisar en la fase de alegaciones se paga después.
Revisión de pliegos, impugnación de la exclusión o de la adjudicación, y defensa de la posición del contratista durante la ejecución.
Autorizaciones, comunicaciones previas y requisitos de acceso a actividades sujetas a regulación sectorial, así como su modificación o revocación.
Defensa frente a expedientes sancionadores de organismos con competencia estatal o autonómica, atendiendo a la caducidad, a la prueba y a la proporcionalidad de la sanción.
Justificación de la ayuda y defensa en procedimientos de reintegro, incluida la discusión sobre el incumplimiento parcial y sus consecuencias.
Reclamación por daños derivados del funcionamiento de servicios públicos, con especial atención a la carga de la prueba del nexo causal.
Actuación cuando la Administración no resuelve en plazo o cuando actúa materialmente sin el título que lo ampare.
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