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Tipos de incumplimiento contractual
Incumplimiento total: el deudor no realiza la prestación comprometida (proveedor que no entrega la mercancía, empresa que no presta el servicio). Suele considerarse grave, ya que impide completamente el cumplimiento del contrato.
Cumplimiento defectuoso: la obligación se ejecuta, pero no conforme a lo pactado (productos de calidad inferior, servicios con deficiencias técnicas, incumplimiento de especificaciones o plazos).
Retraso o mora: la prestación se ejecuta fuera del plazo pactado. Es muy habitual en contratos de suministro, transporte y servicios tecnológicos o industriales.
Opciones del acreedor ante el incumplimiento
El ordenamiento jurídico concede al acreedor tres alternativas: exigir el cumplimiento forzoso (cuando la prestación sigue siendo útil y el acreedor prefiere mantener la relación contractual); resolver el contrato (extinción del contrato que libera de obligaciones futuras); y reclamar indemnización por daños y perjuicios, que puede combinarse con cualquiera de las anteriores.
Resolución del contrato por incumplimiento
Para que proceda la resolución deben concurrir: existencia de obligaciones recíprocas (ambas partes tienen obligaciones), incumplimiento de una de las partes, e incumplimiento grave o esencial (que frustre la finalidad del contrato). La jurisprudencia rechaza la resolución por incumplimientos menores o irrelevantes. Los efectos de la resolución son: extinción del contrato, restitución de las prestaciones recibidas y derecho a indemnización.
Indemnización por daños y perjuicios
Daño emergente: pérdida económica directa (gastos para buscar un nuevo proveedor, costes de reparación de productos defectuosos, gastos de logística adicionales).
Lucro cesante: ganancias que el acreedor dejó de obtener como consecuencia del incumplimiento (pérdida de ventas, cancelación de contratos con terceros, paralización de actividad empresarial). Para reclamar lucro cesante es necesario acreditar la existencia de una expectativa razonable de beneficio. Las acciones personales derivadas de contratos prescriben generalmente a los cinco años.
Cómo reclamar el incumplimiento
El proceso habitual es: requerimiento previo al incumplidor mediante burofax, requerimiento notarial o comunicación formal por escrito para dejar constancia del incumplimiento y conceder un plazo para cumplir; negociación o solución extrajudicial (negociación directa, mediación o arbitraje); y si fracasa, demanda judicial ante los juzgados de primera instancia o de lo mercantil. En materia mercantil, estos litigios suelen tramitarse mediante procedimiento ordinario cuando la cuantía supera los 15.000 euros.
Se entiende cumplido el requisito acudiendo a la mediación, a la conciliación o a la opinión neutral de una persona experta independiente, formulando una oferta vinculante confidencial o mediante cualquier otra actividad negociadora, incluida la desarrollada directamente por las partes o entre sus abogados.
La solicitud de negociación dirigida a la otra parte, cuando defina adecuadamente su objeto, interrumpe la prescripción o suspende la caducidad desde que conste el intento de comunicación; el cómputo se reinicia o se reanuda si no se celebra la primera reunión o no se obtiene respuesta escrita en el plazo de treinta días naturales.
Fuente: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, arts. 5 y 7.
Cómo prevenir conflictos por incumplimiento contractual
Redacción clara del contrato: obligaciones precisas, plazos de cumplimiento, especificaciones técnicas y consecuencias del incumplimiento. Cláusulas penales: permiten fijar una indemnización previamente pactada, facilitando la reclamación y reduciendo la incertidumbre jurídica. Cláusulas resolutorias expresas: permiten resolver el contrato automáticamente ante determinados incumplimientos. Cláusulas de mediación o arbitraje: resuelven conflictos más rápido que los tribunales ordinarios.
Preguntas frecuentes
Guillermo Quirós Llano
Abogado · Colegiado n.º 131635 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y n.º 31908 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
Socio director de Quirós Abogados, S.L.P., sociedad profesional inscrita en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón con el número de registro 17/2010